María Esperanza Marcos Juárez, abogada y presidenta de la Sección de Derecho Sanitario del ICAM, hace un análisis jurídico de las resoluciones contencioso-administrativas sobre la prestación de ayuda para morir tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2021, examinando su marco constitucional, los requisitos sustantivos y procedimentales, y la doctrina de los tribunales superiores.
El objeto del presente artículo es analizar —cuatro años después de la vigencia de la LO 3/2021, de 24 de marzo, reguladora de la eutanasia (LORE)— las cuestiones centrales que se dirimen en los recursos contencioso-administrativos¹ interpuestos contra las resoluciones de las administraciones sanitarias autonómicas en materia de prestación de ayuda para morir.
Este análisis se fundamenta en la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia y en la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, que ha validado su constitucionalidad en las sentencias STC 19/2023 y STC 94/2023.
