La gestión de una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII), como la representada por un brote de hantavirus a bordo del Buque Hondius, con destino a un puerto español en Canarias, exige una respuesta coordinada y fundamentada en un marco jurídico a tres niveles. Este análisis comprende la normativa que habilita y condiciona la actuación de las autoridades españolas, abarcando los niveles internacional, europeo y nacional, y profundiza en las garantías que equilibran la protección de la salud colectiva con el respeto a los derechos fundamentales.
Un marco normativo multinivel y complementario
La respuesta a una amenaza sanitaria transfronteriza no se rige por una única norma, sino por un sistema integrado de tres niveles que actúan de forma sinérgica:
A nivel internacional, el Reglamento Sanitario Internacional [RSI, se adoptó en la 58.ª Asamblea Mundial de la Salud de la OMS mediante la resolución WHA58.3 (2005), enmendado en el año 2014 y 2022], es instrumento vinculante para 196 Estados parte, incluidos los Estados parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece el marco global. Su finalidad es prevenir la propagación internacional de enfermedades con la mínima interferencia en el tráfico y comercio. Obliga a los Estados Parte (España es parte junto a 196 países) a notificar a la OMS cualquier evento que pueda constituir una ESPII (emergencia de salud pública de importancia internacional) y a mantener capacidades básicas de detección y respuesta en puntos de entrada como puertos y aeropuertos.
A nivel europeo, la Unión Europea ha desarrollado una normativa propia que no sustituye, sino que refuerza e implementa el RSI de manera coordinada. Destacan el Reglamento (UE) 2022/2371, sobre amenazas transfronterizas graves para la salud, y su Reglamento de Ejecución (UE) 2026/220. Este marco asegura que las medidas adoptadas por los Estados miembros sean proporcionadas y coordinadas, evitando acciones unilaterales que obstaculicen innecesariamente el tráfico internacional.
